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Requisitos para despedir invocando falta o disminución de trabajo. Art. 247 LCT.-


En art. 247 de la LCT dispone que: "En los casos en que el despido fuese dispuesto por causa de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador fehacientemente justificada, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a la mitad de la prevista en el artículo 245 de esta ley. En tales casos el despido deberá comenzar por el personal menos antiguo dentro de cada especialidad. Respecto del personal ingresado en un mismo semestre, deberá comenzarse por el que tuviere menos cargas de familia aunque con ello se altere el orden de antigüedad"


En los autos “Guerrero, Norma Irma c/Automotores Roca S.A. s/despido” (Expte. Nº2.718/2003 – Sala VII, SD 43266, del 09/02/2011), se analizaron los requisitos que el empleador debe cumplir para despedir invocando "falta o disminución de trabajo" conforme lo normado por el art. 247 de la LCT, estableciéndose que:


“…esta Sala tiene decidido: “para despedir por falta o disminución de trabajo, el empleador debe acreditar: a) la existencia de falta o disminución del trabajo que por su gravedad no consienta la continuidad del vinculo, b) que la situación no le sea imputable, es decir que se debe a circunstancias objetivas y que no haya culpa ni negligencia empresaria, c) que se respetó el orden de antigüedad, d) la perdurabilidad de la situación supuestamente desencadenante de la crisis empresarial y e) la política proyectada tendiente a conjurar la situación de desequilibrio económico financiero.

De no cumplirse con los extremos enunciados –a mi juicio- desaparece la pretendida valides exculpatoria de responsabilidad y renace el deber indemnizatorio en plenitud atento que el trabajador es un miembro vital de la comunidad de trabajo y, como tal, no puede ser privado de su salario por causas ajenas al cumplimiento de las prestaciones a su cargo.

La postura del trabajador frente a la comunidad empresaria hace que, por naturaleza, las consecuencias directas de la política empresaria le resulten totalmente ajenas desde que “…el trabajador enajena su trabajo por un precio y así como, en principio, no participa de los beneficios de la empresa, afirmo que tampoco debe soportar las perdidas, sus inconvenientes o sufrir dificultades económicas…” (v. ponencia del Dr. Juan Carlos Fernández Madrid en el VIII Congreso Ibero Americano y VII Congreso Nacional), argumentación de indudable validez desde que el trabajador dependiente jamás interviene activamente en la planificación empresaria y –en consecuencia- debe resultar ajeno a los riesgos que toma el empresario.

No resulta lógico, entonces, que sea el trabajador quien cargue con las consecuencias desfavorables del giro empresario traducida en un crisis generalizada (que es el argumento en el cual la apelante basó principal y oportunamente su critica), puesto que lo relevante del caso es que el empleador no demostró haber tratado de adoptar medidas tendientes a salvar a esa circunstancia desfavorable y, en forma indirecta, seguir así brindando al trabajador los medios de subsistencia que procurara al momento de formalizar el contrato de trabajo.

Mucho menos, ha intentado acreditar su ininputabilidad frente al acontecer que –a estar a la doctrina y jurisprudencia uniforme- también es recaudo formal para la adminisibilidad de la pretensión (en igual sentido, esta Sala en autos: “Cabral Ruiz, Elizabeth c/Edusoft S.A. y otro s/despido”; S.D. 36.762 del 12.6.03).

Por otra parte, ni siquiera se señala puntualmente prueba alguna, concreta y objetiva de haber iniciado el procedimiento preventivo de crisis (come. art. 98 y ssgtes. De la ley 24.013) o que la accionada hubiera respetado la antigüedad y cargas de familia de los trabajadores al establecer el orden de los despidos conforme lo dispone el art. 247 –párrafos 2º y 3º - la L.C.T. (en sentido similar, esta Sala en “Vázquez, Ricardo y otros c/Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la Republica Argentina s/despido”; S.D. 36.357 del 18.10.02), por lo que también cabe desestimar el pedido de aplicabilidad de la norma en cuestión por estos motivos (en sentido similr, esta Sala en “Verschoor, William c/San Sebastín S.A. s/despido”, S.D. 38.207 del 03/02/2005) (Voto de la Dra. Estela Milagros Ferreiros (adhiere el Dr. Néstor Miguel Rodríguez Brunengo).-

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